PUNTO VEINTE: Nacional Sindicalismo Y Medio Ambiente

De nuevo como cada año comienza la campaña contra incendios forestales marcada esta vez por el aroma hediondo de las urnas que se aproximarán en menos de doce meses. Como cada año los políticos y sindicatos, vuelven a echarse en cara la dejadez del sector agrario y en concreto el sector forestal.

A pesar de que los recursos forestales son insustituibles –madera, corcho, papel, resina, etc.- España produce cada vez menos madera, menos empleo, y aporta menos atenciones a los montes. Ante esta grave circunstancia los sindicatos atizan contra la derecha, la izquierda sortea los embistes echando la culpa a los demás. Y todos se equivocan. Tanto los que piden una intervención exhaustiva en el sector como aquellos que quieren convertir los montes en un museo de ciencias naturales, como aquellos que siguen suplicando subvenciones a los poderes europeos.

La gravedad de los incendios es tan sólo una muestra, un indicio de la situación que se esconde detrás de ella. En la actualidad, según los datos del tercer inventario forestal, Castilla y León produce casi la misma cantidad de madera que la autonomía vasca a pesar de que los castellanos cuentan con una superficie 10 veces superior. Efectivamente, los montes españoles siguen estando abandonados, a pesar de que el 80% de ellos son de propiedad privada. El sector forestal que debía haber madurado en estos años de crecimiento económico al calor de la construcción, sigue en las mismas condiciones que en el pasado.

El tejido forestal español está en decacia mientras la construcción ha absorbido ingentes cantidades de sus productos –muebles, suelos, estructuras, recubrimientos, etc.- Esto se debe a que el sector forestal español no está a la altura del mercado actual. Los datos no engañan. La mitad de la madera de calidad que se consume en España proviene del extranjero.

Estos datos deben hacernos reflexionar y plantear serias reformas en el sector que debía ser un gran apoyo para la creación de empleo y el sostenimiento de los municipios españoles. La sociedad, los propietarios, industrias y administraciones tienen que responder ante este declive con contundencia. España no puede seguir dinamitando sus pueblos con el éxodo rural, el envejecimiento y el paro. Ni las administraciones pueden asumir todos los costes derivados del abandono de explotaciones –incendios, plagas, repoblaciones, obras civiles, etc.-. Como tampoco puede permitirse que un sector de la economía que debía ser importante, se vaya por el desagüe del abandono.

Por ello las reformas tienen que ajustarse lo antes posible, a pesar de que serán dolorosas y poco aceptadas por determinados sectores sociales. España no puede jugar con sectores clave de la economía al soniquete de las elecciones, ni puede dejarse llevar por las recompensas a corto plazo. En este sentido es necesario realizar una reforma agraria –que tantas veces han pedido los falangistas-.

No puede permitirse la existencia de empresas cuya producción sea irrisoria por la escasa superficie de las mismas, y que al tiempo se les administre subvenciones para sobrevivir. Hay que negarse a esa circunstancia, decantándose por la creación de grandes explotaciones que puedan gestionarse de forma autónoma, que sean capaces de crear empleos de calidad, estables y sin riesgo laboral. Por ello será necesario poner en práctica concentraciones parcelarias, apoyar la creación de cooperativas, ofrecer apoyo técnico a las empresas, habrá que apoyarse en las universidades para la investigación y desarrollo de tecnologías. Será preciso también realizar planes de ordenación territorial que optimicen el suelo y sus actividades. Hay que dotar de suelo industrial de calidad y bajo precio a los municipios deprimidos, apoyar la especialización de los trabajadores y avanzar en la calidad del empleo. Hay que regular el comercio con paises extra comunitarios para evitar competencia desleal, prácticas laboraes inhumanas y la sobreexplotación de los recursos.

Las industrias del sector deberán ajustarse al modelo de mercado. La competitividad es tan elevada que las pequeñas empresas del sector apenas tienen posibilidades de sobrevivir a medio plazo. Tendrán que crecer y madurar. Crecer para concentrar capital suficiente que posibilite implantar más tecnología, contratar a personal altamente cualificado, y adoptar estrategias de producción de calidad. Madurar para asentarse en los mercados, y dar credibilidad a sus productos desde la solvencia profesional.

Es irritante que los españoles tengamos que comprar parquet a Francia o Alemania, porque nuestros montes y nuestras empresas no están preparados para fabricar esos productos de calidad. En la última ola de la construcción hemos perdido una oportunidad única para crear empleo de calidad, diversificar nuestra producción, desarrollar tecnología y apostar por mercados de gran valor añadido. Ahora la sociedad se va dando cuenta del error, de la grave situación en que se encuentran nuestros pueblos y que acabará extendiéndose a otros ámbitos. Ojalá esta crisis sirva para concienciar a los agentes implicados de la necesidad de acometer una reforma en el sector agrario de forma inmediata.

Si nuestros pueblos no son capaces de crear empleo y riqueza, no podrán mantener su patrimonio ecológico, cultural o histórico. Puesto que a esos problemas sociales y económicos llegará un problema demográfico que agravará estos problemas creando una espiral de decadencia del sector agrario.

En las últimas fechas los medios de comunicación han recogido varias noticias sobre desastres de origen natural como los sucedidos en Chile o Haití. Son dos de tantas calamidades que cada año se producen a lo largo y ancho del mundo, y que parecen ligados a fenómenos de pobreza. Quizá sea por la presión de la imagen, la sociedad deduce que las chabolas, la miseria y la falta de medios son la principal causa de estos desastres. El desastre Haití, podría ser un ejemplo claro de ello. En cambio hace no muchos días se han vuelto a producir fenómenos de inundaciones en el sur de España, un país que suele presumir de desarrollo.

Este supuesto desarrollo debería haber prevenido este tipo de desastres que ya han costado vidas -como ocurrió en Biescas-, sucesos que deberían formar parte de una historia irrepetible. Pues bien, la situación es muy distinta. Cada año, se producen nuevas inundaciones de un modo u otro, y en distintos lugares de España. No parece lógico que un país que cuenta con medios técnicos y materiales, pueda padecer este tipo de sucesos.

Ahora mismo no es difícil de encontrar supuestos análisis técnicos evaluando los desastres. Los periódicos hablan de temporales extraordinarios, de crear más embalses, de buscar una nueva forma de construir edificios. También se está señalando a los planes de ordenación municipal. Ninguno de estas causas es por sí suficiente para justificar estos fenómenos. Quizá una combinación de factores podría haber causado buena parte de estas catástrofes.

La sociedad debería acudir a la causa primera, que genera el urbanismo salvaje, la falta de infraestructuras, y la falta de mecanismos de prevención. La sociedad debería tener un documento para planificar todo esto, y a pesar de que la legislación ya establece este tipo de planes. Muy pocas comarcas cuentan con este tipo de documentos. Este es el Plan de Ordenación Territorial, un plan donde se expone el uso que debe tener el suelo en cada caso, y cuales son las dotaciones necesarias.

Este tipo de herramientas resulta fundamental para arbitrar la convivencia ciudadana en la comarca, puesto que localiza cuales son los lugares de riesgo natural, donde debería urbanizarse sin problemas para la población, donde podría extraerse recursos naturales y el lugar donde deben establecerse las infraestructuras. Este estudio del territorio es posible hoy en día, no sería difícil calcular cuales son las zonas inundables, donde se localizan los lugares de riesgo geológico, y en qué sitios es seguro establecer cada uso del suelo. Estos planes superarían la política municipal, donde el criterio económico suele pesar en exceso.

La técnica existente permite establecer todas esas directrices que harán más seguro, el desarrollo de la sociedad, sin tener que renunciar a cuotas de bienestar. Es posible aunar criterios de crecimiento económico, el respeto por el medio ambiente y la seguridad. Si bien la avaricia humana, y sobre todo la avaricia política hacen de estas buenas intenciones sólo un propósito cara al ciudadano.

La política actual, no es capaz de decir "no" al ciudadano, no tenemos esa altura política. No hay esa clase de políticos capaces de reconocer las limitaciones que tiene su municipio, que la técnica no es capaz de resolver. Ningún político municipal está dispuesto a asumir, y a exponer a sus ciudadanos que en su municipio hay lugares donde no es seguro construir edificios, como tampoco son capaces de arbitrar medidas de integración económica que compensen esas limitaciones. Esos lugares donde no es seguro establecer viviendas, deberían utilizarse para otros fines menos importantes, y donde los daños fueran menores. Pero tampoco tenemos esa clase de políticos creativos. La política actual, carece de esa talla para crear un modelo productivo que se adapte a cada municipio. El político actual sigue callando, ante las urnas sabiendo que su gestión es pésima, sigue callando ante un beneficio económico descontrolado.

En cambio todavía hay quienes seguimos pensando que hay límites que no deberían traspasarse. Necesitamos una nueva clase de políticos que se enfrenten a esa realidad, que sean capaces de transmitir a sus ciudadanos las limitaciones que tienen su comarca y su municipio. No todos los municipios podrán crecer igual, los habrá más poblados y otros menos. Unos podrán construir más y otros deberán dedicarse al sector agrario o al industrial. Habrá que favorecer a cada sector atendiendo a sus necesidades, pero no podemos seguir asumiendo un modelo de desarrollo homogéneo para todos los municipios.

Macerada la exposición del Presidente del Gobierno, queda una larga lista de ideas para una breve exposición. La Cumbre de Copenhague ha posibilitado una evaluación de la situación de los distintos países ante el cambio climático. En verdad este tipo de eventos no suelen dar frutos especialmente relevantes más allá de acuerdos puntuales a medio camino entre las distintas propuestas. Es la era del consenso.

El consenso es la palabra mágica para todo evento democrático que se precie, es la dama anfitriona de todas las fiestas parlamentarias, su sola presencia es señal de algo positivo. Sobre el consenso nada parece excesivamente conservador, ni revolucionario, ni caben interpretaciones, ni discusiones. En definitiva, el consenso es la nueva dictadura de los tibios; que no quieren parecer tan malos como los dictadores de antaño.

El manual es sencillo, se presentan una serie de propuestas más o menos contrarias entre sí, se pacta un término medio –el consenso- y en paz. Poco importa si ese consenso es bueno o malo, si tiende al bien común o no. Lo ha decidido una mayoría parlamentaria y eso es suficiente para nuestros políticos, y así nos lo quieren inyectar en la conciencia.

En este tipo de cumbres, el consenso es además algo peculiar. Puesto que cada país ya no expone su propuesta para dar salida a una u otra en función de los votos. Los votos es sólo uno de los mecanismos cara a la galería. En el fondo, bajo la mesa, también se esconden los poderes económicos, militares…capaces de presionar sobre los países votantes y orientar determinadas posturas. El proceso será totalmente legal, pero no es justo, ni tiende al bien común.

El papel que juega España en esta convocatoria es importante, no sólo por ser una potencia, o por su falta de resultados en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, también por las relaciones que puede establecer con los países de su entorno, muchos en situación de pobreza. España ha vuelto a desertar de su vocación, aceptando esos mecanismos de decisión. España también es cómplice por omitir denuncia alguna sobre la escasísima calidad humana y democrática de estos eventos.

El cambio climático es un problema grave que se manifestará con especial dureza sobre las regiones con menos recursos, con menor capacidad de respuesta. La falta de tecnología, recursos económicos y materiales provoca una mayor dependencia de los agentes ambientales en los países pobres; que desencadenará consecuencias graves para la población. Esta circunstancia ha sido expuesta acertadamente por Zapatero, incluyendo el compromiso que los países desarrollados deben tener con los desfavorecidos.

También resulta lógico que los problemas globales, se resuelvan de forma global mediante la participación de todos los países. En cambio no son suficientes las líneas que ha planteado el Gobierno: Disminuir la participación de los combustibles fósiles, “ahorro y eficiencia energética” y mayor participación de “energías renovables”. A día de hoy las energías renovables no permiten una total independencia de otras fuentes de energía, ni siquiera son interesantes desde un punto de vista económico salvo algunas excepciones.

Las medidas de ahorro y eficiencia, son válidas para atajar problemas locales pero sólo en determinadas circunstancias. La eficiencia energética supone la introducción de tecnología, que no siempre es accesible para la población, ni siempre es rentable. Quizá debido en gran medida a la escasa inversión en I+D de los países desarrollados, o debido a intereses económicos sobre las patentes.

Por ello no debe rechazarse este tipo de medidas, sólo es preciso apostar por ellas en las ocasiones donde procede. La actual tecnología de las energías renovables está en proceso de maduración, y se espera que puedan aportar resultados interesantes en el futuro. Pero por el momento es arriesgado apostar por este tipo de alternativas como única solución.

Quizá hasta que se produzca una maduración de este tipo de energías, y para cumplir los objetivos planteados –reducción en un 50% de las emisiones antes del año 2050- haya que transitar por otras energías como la nuclear. A pesar de la mala fama de la energía nuclear, y del peligro potencial que presenta esta energía, es de las pocas soluciones aceptables a corto plazo.

En la presente hora hay que reflexionar, sobre la tibieza de las decisiones, los escasos compromisos de nuestros representantes, que parecen obligarnos a transitar por caminos no siempre deseados. Si en lugar de aceptar el consenso como herramienta política, se hubiera apostado por el bien común y la solidaridad, seguramente la situación habría sido muy distinta. Seguramente ya se habrían cumplido los objetivos de las anteriores cumbres, seguramente la situación actual habría estado abierta a un abanico de soluciones amplio y con toda seguridad las opciones serían aceptables para todas las partes.

Esta cumbre pasará a la historia como el día en que Zapatero, hablaba en tono cursi sobre el viento como propietario de los bienes de la Tierra, algo sencillamente infantil, inhumano, y desvinculante. Zapatero habló de la necesidad de proponer acuerdos “vinculantes”, pero cómo se va a hacer tal cosa si nadie es responsable, ni propietario de los bienes de la Tierra. Desheredar al hombre de los bienes que le son propios, es un práctica que da como consecuencia el desarraigo, la indiferencia. Desheredar al hombre del fruto de su trabajo es alienar al hombre como sujeto activo, libre, conciente y espiritual. Si queremos articular una sociedad justa, verdaderamente solidaria y participativa es necesario apelar a esferas más importantes que el dinero, el poder político y las cursiladas del presidente de turno. Es necesario apostar por el hombre portador de valores trascendentes.

El pasado fin de semana comenzaron los seminarios del CENS con un tema poco común en el falangismo, la cuestión ambiental. Se abre así una nueva temporada de formación y debate de los distintos asuntos de interés para el mundo azul. Después de esta jornada y después los generosos calificativos de los falangistas serranos, parece inevitable hacer algunos comentarios personales sobre este tipo de actividades.

En primer lugar, se agradece el apoyo de la organización a todos los niveles, imprescindible para el desarrollo de esta jornada, en especial a Nacho Toledano y Luis López-Novelle por su paciencia y atención. Como tampoco se puede olvidar a ninguno de los oyentes sin cuya existencia no tendría sentido este tipo de actividades. Gracias a todos.

En segundo lugar, es necesario mencionar la necesidad vital de desarrollar este tipo de eventos. En la actualidad la situación de los falangistas –dispersión de activos, dispersión de siglas, ausencia de formación, etc.- está centrando los debates en círculos excesivamente impermeables, que pueden crear una situación de empobrecimiento generalizado. Además las plataformas cibernéticas no siempre ayudan a mejorar la situación, a pesar de que cuentan con múltiples ventajas. Como tampoco puede olvidarse, otras amenazas que se ciernen sobre el mundo azul.

Precisamente en ese espacio, aparece en CENS como una plataforma de debate cercano, amable, generoso y selecto en los temas a tratar. Sin duda es necesario mantener esta plataforma, que además plantea debates que no suelen desarrollarse en otros lugares -o al menos no, de forma abierta al público-.

Por eso esta mesa sobre medio ambiente plantea un filón importante de acción política y social a todos los niveles. Se plantea además un debate con pretensiones sencillas con vocación de asentarse, plantear un lugar de apoyo a los falangistas de buena voluntad quieran buscar líneas de acción política práctica.

A pesar de que este espacio está centrado en cuestiones ambientales, no es ajeno a lo social y económico. Como se expuso aquel día, el auténtico desarrollo sostenible debe recoger parámetros humanos y ambientales. La protección del medio ambiente es tarea fácil si se aplican técnicas adecuadas, la dificultad estriba en conjugar la protección ambiental con el desarrollo humano.

Sabemos que a lo largo de la historia se han sucedido planteamientos filosóficos, ideológicos y económicos que no respetan la dignidad humana, o que simultáneamente se olvidan de los valores ambientales. Ante esa circunstancia no se puede permanecer indiferente, aceptando cualquier planteamiento. Sólo cuando se arbitran principios morales lícitos, y cuando se respeta el valor ambiental del entorno es posible acoger un desarrollo auténtico. Ahí es donde yo veo la obligación de actuar de los nacional sindicalistas.

La Hermandad de la Vieja Guardia recoge el comunicado de la actividad, las fotos correspondientes y la exposición de forma integra en la web:

http://www.viejaguardia.es/Actividad/09/seminario.html

Desde principios de este año Ecologistas en Acción ha presentado una campaña a favor del decrecimiento económico, con el lema “menos para vivir mejor”. Esta campaña está centrada en una campaña de sensibilización y concienciación social sobre el consumo abusivo que parece afectar a todos los niveles de la economía y de la sociedad. En principio el asunto parece simpático puesto que pretende no sólo disminuir la cantidad sino la forma de consumir de la sociedad. Para ello se apuesta -como diría Zapatero- por una economía sostenible. En este sentido se apuesta por un cambio de los sistemas productivos y de consumo, de tal forma que la sociedad ganaría en la conservación ambiental.

Además se plantea una nueva formulación de la economía que reparta los bienes atendiendo a los principios de la justicia social. Al abrir una nueva formulación de la economía se aprovecharía la ocasión para distribuir mejor la riqueza.

Esta situación de utopía amable, resulta errónea desde su planteamiento. Puesto que no se aborda la cuestión fundamental del problema, -el sistema capitalista- sino que sólo se pretende una disminución de sus efectos. Se trata de crear un capitalismo light y sin cafeína.

Esta primera discrepancia lleva a plantear que el sistema capitalista no es portador de la solución ni aunque esté domesticado al látigo del legislador. Puesto que el problema reside en el propio sistema, no en la aplicación salvaje del mismo.

Quizá en algunos ámbitos hayamos conocido experiencias de empresas ecológicas o más respetuosas con el medio ambiente que otras, es lo que algunos autores denominan el “capitalismo verde”. Se trata de empresas que ponen en práctica sistemas se gestión ambiental, algunas incluso acudiendo a sistemas certificados como los sistemas ISO o EMAS.

No nos engañemos aunque se pueda reducir considerablemente los efectos del capitalismo sobre el medio ambiente sólo el mercado no va a dar las respuestas que buscamos, ni el propio mercado responde a sus propias expectativas. En un mercado capitalista la codicia de los accionistas impulsa a las empresas a maximizar los beneficios, y las obliga a apostar por las soluciones más rentables que pueden coincidir con la conservación ambiental, pero sólo en algunas ocasiones.

Otro de los problemas de este maldito sistema es que las empresas en búsqueda de mayores beneficios pueden verse incitadas a la deslocalización de su producción en búsqueda de países donde la legislación sea menos restrictiva. No es la única razón por la que puede deslocalizarse una empresa, ni la más importante. Es una causa más.

Otro problema importante lo crean las externalidades. Valores que el mercado no reconoce pero que existen. Estos valores suponen un grave problema para la propia empresa que puede asumir costes que no traslada al consumidor, y que obliga al propio mercado a evolucionar de forma autónoma a tales valores. En este sentido puede entenderse problemas como el cambio climático o la desertificación, donde ni el consumidor abona cantidad alguna por estos problemas al mercado, ni el mercado responde por sí solo ante ellos.

Además hay que entender que los valores ambientales son finitos y rápidamente agotables en muchos casos. Por ello pueden darse casos donde el mercado no responda con la suficiente rapidez o flexibilidad para respetar el entorno.

Por último hay que entender que para el mercado la protección ambiental puede suponer una serie de inversiones que pueden debilitar su competitividad. Por ello las empresas son muy cautas a la hora de plantear reformas importantes, al fin y al cabo muchas son empresas de acciones.

En definitiva el sistema capitalista con o sin ayuda gubernamental, no va a responder a los problemas ambientales. Partiendo de un sistema que fomenta la codicia y la usura no pueden esperarse grandes mejoras. Como mucho aparecerán mejoras contenidas dentro de los márgenes establecidos por el propio sistema

A lo largo de esta extensa exposición divulgativa, se ha intentado mostrar la complejidad de los incendios forestales que desde tiempo inmemorial aparecen en suelo español. Desde esa complejidad se ha expuesto algunas notas sobre las condiciones favorables que tiene el suelo español para el desarrollo de los incendios: orografía escarpada, clima cálido, presencia de vegetación adaptada ecológicamente al fuego. Pero también se ha intentado mostrar la realidad social del fuego como herramienta de gestión del territorio. El fuego es un elemento presente en la península desde hace miles de años y con él, han convivido el hombre y su entorno. De esta forma el fuego ha modelado la superficie española dando lugar a un determinado uso del suelo y a unas determinadas condiciones ecológicas.
Frente a todo eso, indefectiblemente unidas aparecen las consecuencias ecológicas y económicas de los incendios forestales. En mayor o menor medida los incendios forestales suponen una presión importante sobre los ecosistemas y aquella sociedad que se asienta en su entorno. Este verano ya han muerto varias personas, se han perdido múltiples hogares y las pérdidas ocasionadas sobre el medio son astronómicas reflejando claramente la magnitud del problema.
Desde estas líneas, se han intentado aportar una serie de indicaciones sobre la vinculación del fuego con la presencia o ausencia de modelos de gestión sobre el territorio. Es cierto que los incendios forestales de causa natural son cuantiosos pero en cierto modo forma parte de la idiosincrasia española, es algo con lo que hay que convivir. En cambio los incendios forestales de origen humano son especialmente preocupantes en la medida en que dejan ver una serie de motivaciones decisivas para el territorio:
1) La precaria situación del sector agrario empuja a aplicar determinadas herramientas de gestión del territorio. Desde hace décadas la crisis del sector agrario ha obligado a cerrar numerosas empresas en toda la geografía española. Esta circunstancia ha hecho que en lugar de contar con un tejido agrario potente, compuesto por empresas solventes y capaces de asumir grandes inversiones. En realidad, la empresa agraria es sumamente pequeña y limitada, y no siempre rentable. Lógicamente esta situación está obligando a asumir un modelo de gestión del territorio basado en el recorte de gastos, que eviten la quiebra de la pequeña empresa. Precisamente dentro de este modelo de mínimo coste es donde el fuego como herramienta aparece como solución viable.
También es preciso señalar que el fuego como herramienta es una solución sobradamente conocida por los especialistas forestales, y no necesariamente conlleva problemas de importancia. De hecho la quema prescrita es una técnica que puede aportar múltiples ventajas si se aplica con las debidas precauciones. Pero, este no es el caso de las PYMEs agrarias. La empresa agraria no está dotada técnicos, ni medios materiales para aplicar quemas prescritas con garantías suficientes. De esta forma en el caso utilizar el fuego, la probabilidad de causar una catástrofe es sumamente elevada. Desde estas líneas, se quiere ser comprensivo con la preocupante situación económica y laboral que rodea al sector agrario, y la situación a la que se encuentra abocado.
En esta misma línea de precariedad se justifica la elevada presencia de superficies agrarias abandonadas de toda gestión -preventiva o no-. Tras años de fracasos en materia de política agraria, se cuentan por miles las empresas que han cerrado, dejando tras sí una superficie abandonada a su suerte.
Como se señaló anteriormente, la superficie evoluciona de forma natural pero no siempre adopta las posiciones más adecuadas para la prevención de incendios. En este sentido puede hablarse de montes de densidades elevadas -en ocasiones trabadas-, continuidad vertical y horizontal de combustibles, etc.
2) La sociedad como agente de presión sobre el medio. La sociedad a lo largo de la historia ha demandado diversos productos tangibles o no de la superficie agraria. No es extraña la existencia de cotos de caza desde tiempos inmemoriales, la presencia de actos religiosos o cualquier otro uso social. Esta demanda social se ha mantenido sobre la superficie agraria, si bien en circunstancias distintas.
Ahora la sociedad cuenta con más medios que nunca para el acceso inmediato en los montes españoles, los usos sociales se han diversificado adoptando formas que ejercen gran presión sobre el medio pero que son difícilmente cuantificables. A día de los espacios protegidos abundan por el territorio español, como abundan los usos no extractivos -senderismo, deportes de aventura, investigación científica, etc.- que obligan al territorio a adoptar determinadas fórmulas de gestión, que no siempre repercuten un beneficio para el propietario. Es decir, se han revalorizado determinados usos, pero el propietario no recibe beneficio alguno; sino que además tiene la obligación -por presión legal o social- de asumir los costes derivados de ello. Estas fórmulas de presión no remunerada pueden dar lugar a una tensión en el seno de las PYMEs agrarias que obligan a adoptar posturas ya descritas -abandono, uso de herramientas de bajo coste, etc.-

En definitiva, la sucesión de fracasos en la gestión del territorio han deparado un fracaso a nivel social, económico y ambiental. Por ello debe descartarse una mera aplicación de medidas concretas, como el endurecimiento de las penas, o tratamientos preventivos esporádicos. El problema radica en que se ha abandonado a una parte de la sociedad, a su modo de vida y a sus propiedades.

Mientras no haya un cambio radical en la gestión del territorio, satisfactoria para todas las partes seguirá habiendo incendios forestales de gran magnitud.    Como tampoco cabe esperarse solución alguna contra la desertificación, la decrepitud de las masas forestales, la pérdida de valores ambientales.  Para reconducir este fracaso es necesario aplicar un modelo económico, ambiental,  político, social, moral, que se adapte a todas las partes y aporte soluciones factibles para todos los agentes.

Este espacio no quiere despedir este monográfico sin dar algunas orientaciones que pueden encauzar el problema:
- Adoptar acuerdos de gestión entre todos los agentes, priorizando el interés de la propiedad como gestor directo
- Desarrollar medidas compensatorias de las externalidades
- Desarrollar acuerdos de transferencia de los valores científicos y ecológicos sobre todos los agentes
- Impulsar la reorganización de la empresa agraria hacia la sostenibilidad económica, adoptando fórmulas de economía social.
- Adoptar modelos de gestión comarcal del territorio, en base a los agentes directamente implicados y sus necesidades reales
- Defensa de las productos nacionales ante la competencia desleal de la empresa extranjera
- Creación de un mercado que garantice el reparto ágil y equilibrado de todos los valores -tangibles o no- asociados a la propiedad

Hace unos días que se extinguieron los grandes incendios de la presente campaña estival – La Palma, Las Hurdes, Tarragona, etc.- y ahora qué. Tras estos incendios, con ellos quedan bienes destrozados, pérdidas humanas irreparables y un gran número de calamidades particulares.

Es momento de evaluar daños y de cuantificar todo lo que se ha perdido. Este espacio recuerda algunos aspectos de interés a la hora de evaluar las pérdidas materiales. Por pérdidas materiales nos referimos a aquello que no pertenece a la propia vida humana. Quizá es una abstracción gratuita, en la medida en que se incluye también valores ecológicos intangibles como la existencia de árboles notables o determinados animales dentro de un valor monetario. Esta simplificación tiene cierta justificación.

En los incendios forestales y otras catástrofes ecológicas, las pérdidas se pueden clasificar en multitud de posibilidades. Pero existe una tendencia a evaluar las pérdidas bajo tres aspectos: los daños, los perjuicios y el valor de reposición. El valor en daño es el valor que corresponde a la devaluación sufrida, en este caso por el incendio. El perjuicio es la pérdida a posteriori por la pérdida de productividad causada. Y por último el valor de reposición sería el valor total de las obras necesarias para reestablecer el monte a la situación anterior al incendio.

Esta metodología suele ir encaminada a resolver conflictos de tipo legal o técnico aplicables a la recuperación del monte de acuerdo a los parámetros que puedan establecerse. Por ello evaluar el valor del monte es fundamental y decisivo para acometer las debidas indemnizaciones y sanciones derivadas de los incendios. No obstante esta metodología ofrece múltiples complicaciones:

1- El valor de un monte o el valor de cualquier elemento natural no es sólo el valor material del mismo. El valor material de un monte es sólo una parte y debe añadirse también por ejemplo el valor recreativo, paisajístico, ecológico, científico, etc.

2- El valor no siempre coincide con el precio de mercado. Sobre esto pueden darse una infinidad de problemas: variaciones del precio por cambios en el mercado, desfases en el tiempo, falta de transparencia en las mediciones, falta de un mercado transparente, etc.

3- Dificultades para separar el daño, del perjuicio y del valor de reposición.

4- Dificultades para actualizar el valor de los productos al momento presente

5- Dificultades para cuantificar la producción y el valor de los productos forestales futuros, y llevar ese valor al momento presente

6- Inexistencia de inventarios forestales en muchos montes españoles. Es decir, muchos montes no poseen documentación que permita evaluar los bienes forestales existentes antes del suceso.

7- Complicaciones para evaluar los perjuicios sobre las externalidades

8- Dificultad de evaluar la cuota de responsabilidad del propietario como gestor del monte

Este problema económico es sumamente complicado de atajar. En muchos casos los propietarios de los montes sólo reciben una parte del valor real de la propiedad, del mismo modo que los causantes de los incendios no desembolsarán la cantidad equivalente al valor del desastre causado. Esto en sí mismo, es un problema de graves consecuencias para la propiedad y para el sistema judicial. No obstante las administraciones dentro de sus exiguas partidas dedicadas al medio ambiente pueden solucionar este asunto con las debidas dotaciones económicas.

Podría decirse que entonces el problema podría quedar solucionado mediante una doble intervención, una evaluación de los daños cuantificables y las correspondientes dotaciones públicas que complementan el valor cuantificable. Ahora bien, ¿Es justo que la administración destine presupuesto público sabiendo que la mayoría de los incendios no son naturales? ¿Qué parte de responsabilidad económica le corresponde asumir al propietario como gestor del monte?

Estas preguntas nos llevan a una reflexión sobre el conflicto antropológico y sus implicaciones sobre el medio ambiente: Desde que punto debe posicionarse el hombre y la sociedad ante el aprovechamiento de los bienes naturales. En otra ocasión se retomará esta polémica.

Otro asunto importante sobre la recuperación del medio tras un incendio es la planificación técnica de las obras y el posterior ordenamiento del monte. Suponiendo que el asunto económico fuera solucionado dentro de un margen aceptable, la siguiente operación es actuar para restablecer el orden ecológico. Este asunto plantea un nuevo conflicto derivado de un posible cambio de uso del suelo y por tanto un cambio decisivo en los aprovechamientos futuros.

La legislación, desde la Ley de Montes de 1957 hasta la actual legislación, no contempla la posibilidad de recalificar el suelo como urbanizable tras un incendio. Es una situación de interés menor en la medida en que muchos montes no tienen interés alguno para la edificación. Por otro lado la legislación nos lleva a plantear una ordenación de acuerdo a las líneas establecidas en materia de impacto ambiental, forestal, urbanismo, etc. Pero incluso con esas líneas maestras la situación es sumamente compleja.

Por un lado, el medio no siempre está en condiciones recuperar la situación anterior al incendio. Los montes quemados pueden perder calidad de suelo y eso impide la regeneración de las especies establecidas anteriormente. Los incendios intensos pueden afectar a los primeros horizontes edáficos primero destruyendo sus componentes orgánicos y segundo, haciéndolos más solubles en agua.

El efecto más visible para los ciudadanos es el arrastre de cenizas que ocurren tras las primeras lluvias. Indudablemente esas cenizas son parte del suelo que es arrastrado por erosión superficial hacia el canal de desagüe de la cuenca vertiente. Esa pérdida de suelo es simplemente irreversible, puesto que materialmente es imposible recuperar el suelo que previamente ha sido destruido por el fuego y porque además es arrastrado masivamente por el agua.

En segundo lugar los daños sobre el suelo afectan también a la composición química y a las propiedades físicas del mismo. El suelo que ha resistido la erosión del agua puede sufrir cambios importantes derivados del contacto con las cenizas o el fuego. De esta forma el suelo tiene una mayor tendencia a aumentar el pH y suele perder la estructura adoptando opciones de menor capacidad de campo, menor infiltración de agua, etc. En definitiva el suelo suele tender a empobrecerse a medio plazo. Esta situación a nivel forestal es prácticamente irremediable por las limitaciones técnicas y presupuestarias.

El suelo puede empobrecerse y las especies adaptadas a esa nueva situación serán con seguridad de una estabilidad ecológica inferior según el modelo propuesto por la regresión de Ceballos. Esto obviamente no suele ser satisfactorio para todos, y en muchas ocasiones crea conflictos entre propietarios, técnicos y ciudadanos en general. Por ejemplo de acuerdo a lo modelo planteado por Ceballos, la etapa de encinar en el sistema central, está a continuación de una etapa de pinar. Esta situación está creando muchos problemas técnicos puesto que los interesados están interesados en determinadas especies por motivos de toda índole.

La dinámica forestal es amplia y permite un amplio abanico de posibilidades. Supongamos que efectivamente dentro de las posibilidades técnicas de repoblación es posible adoptar un modelo que avance de forma directa hacia el clímax ecológico y otro modelo que apueste por especies más interesantes económicamente. Ambas soluciones competen lógicamente al propietario -dentro de los márgenes que permiten la ley- y las decisiones técnicas. En cambio es frecuente observar presiones de personas ajenas a la propiedad pero que hacen uso de sus externalidades, así que el debate está servido y no exento de polémicas.

Por un lado suele tenerse a aquellos que deciden ganarse la vida trabajando aprovechando los recursos forestales –propietarios, maderistas, aserraderos, gestores cinegéticos, etc.- de otro lado aquellos que hacen uso del monte con interés social – aficionados a la observación de la naturaleza, senderistas, sector del turismo rural, plataformas ecologistas, etc.-. Y entre ambos sectores aparece la casta política merodeando los premios políticos del sector más potente, que suele presionar de acuerdo a sus intereses.

La realidad es que es sumamente difícil diseñar un modelo aceptable para todas las partes, y como suele decirse nunca llueve al gusto de todos. En gran medida este problema viene derivado de la crisis del sector agrario y en particular del sector forestal. Algunos autores hablan de la necesidad ampliar horizontes y diseñar modelos que integren distintas dosis de cada una de las propuestas. La cuestión que nuevamente se plantea es qué propietario está dispuesto a asumir pérdidas en la producción sabiendo que estas no suelen compensarse…

Esta tercera parte comienza a plantearse contemplando incendios de gran magnitud. Los medios de comunicación informan que los incendios ya han quemado una superficie superior al año 2008 en lo que va de año. Además a este drama ecológico, se añade otro personal por las muertes ocurridas en estos días, las últimas en el incendio de Arenas de San Pedro (Ávila).

Los partidos políticos e instituciones, se encuentran luchando en dos frentes, el frente de las llamas y el político. El frente político como es costumbre, se basa en la búsqueda de errores del adversario para hozar unos cuantos votos de un problema nacional. Punto Veinte no busca esa podredumbre, sino crear un espacio divulgativo para reafirmar la necesidad de crear una corriente de cambio a todos los niveles. Para evitar el drama de los incendios no es suficiente reformar el código penal, o adjudicar más medios de extinción.

Hace falta una reforma agraria, una reforma en la convivencia con los valores ecológicos, una toma de conciencia (política, social y económica). Después de años de fracaso de las políticas agrarias, no es casualidad el estado de abandono de los montes españoles. Aunque muchos de los incendios de estos días han sido provocados de forma intencionada, consciente y con la intención de hacer daño, no es suficiente argumento para justificar semejante fracaso nacional. Además la existencia de canallas es algo consustancial a la sociedad humana -siempre habrá criminales-, ellos son los culpables de estos atentados y tendrán que pagar por ello.

Ahora bien el estado de abandono de los montes, y el fracaso de las políticas agrarias tiene claros responsables: los ciudadanos. Cuando un proyecto concreto fracasa, se acude a la responsabilidad política concreta. Después de décadas de fracasos en materia agraria y de conservación ambiental, no se puede acudir a las siglas políticas, hay que acudir a los electores. Al español de a pie, inmóvil, mansurrón y acomplejado que con su voto admite este fracaso colectivo. Precisamente para cambiar conciencias ha nacido este espacio divulgativo, para sensibilizar sobre otra forma de administrar los valores ambientales, humanos y económicos. La intención es clara, no hay justificación alguna para evadirse de problemas sumamente serios y que nos atañen a todos, es hora de cambiar las cosas.

Retomando la Parte II sobre la lucha contra incendios y los medios utilizados. Los medios de lucha contra incendios suelen diferenciarse según sus características básicas de una forma similar a la composición del ejército. Por ello suelen distinguirse medios aéreos, terrestres mecanizados y combatientes.

Esta distinción es fundamental para entender el área de actuación de cada uno de ellos y sus limitaciones. Tal es así que en cada momento del incendio suele disponerse de una serie de medios, y una serie de estrategias de extinción.

Los medios aéreos más comunes son los helicópteros y los hidroaviones. Los helicópteros son medios sobradamente conocidos por todos, caracterizados por la posibilidad del vuelo estacionario, la versatilidad y la elevada velocidad punta. La posibilidad de vuelo estacionario es una propiedad fundamental para la extinción de incendios puesto que posibilita la organización del ataque a las llamas o por ejemplo la toma de agua de puntos de agua muy localizados.

Debe pensarse que el ataque de las llamas con medios aéreos es una labor que implica un gran riesgo para los pilotos, debido al riesgo del propio vuelo y al humo de los incendios. Por ello es muy importante que los aparatos estén debidamente organizados para evitar accidentes. Esto quiere decir sencillamente que por cuestiones bien de seguridad de los pilotos o por cuestiones técnicas de extinción, no tiene sentido que todos los aparatos realicen descargas de agua de forma simultánea. Lo más adecuado es que el ataque se realice de forma sucesiva.

En cuanto a los hidroaviones, estos aparatos se encuentran especializados fundamentalmente en dos tareas, la lucha pesada contra incendios y labores de análisis. Los hidroaviones presentan la ventaja de su elevada capacidad portante de agua si bien no tienen la agilidad de los helicópteros. Por ello sólo suelen actuar en grandes incendios donde sea necesario hacer descargas de gran magnitud, y donde el factor de la agilidad sea secundario.

Esta distinción de propiedades, da una primera aproximación a la lucha contra incendios. De forma que los incendios de poca importancia estarán frecuentados por helicópteros y aquellos grandes incendios requerirán la participación de hidroaviones. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que los medios aéreos tienen limitaciones importantes. Por ejemplo si la columna de humo es especialmente densa y voluminosa, los medios aéreos tendrán problemas para actuar, debido a los problemas derivados de una mala combustión de sus motores por el déficit de oxígeno y por la escasa visibilidad que puede dar lugar a accidentes.

En cuanto a los medios mecanizados terrestres, puede distinguirse el bulldozer, el camión autobomba, y vehículos todoterreno tipo pick-up. El vehículo bulldozer es un vehículo que suele estar destinado a la construcción de vías forestales, pero que en situaciones concretas puede ser medio decisivo para la lucha contra incendios. Su utilización se basa en la creación de áreas o fajas cortafuego, con el fin de eliminar combustible y evitar la progresión del fuego. También suele ser utilizado para arrojar tierra sobre las llamas, y reducir la intensidad del fuego. Una gran desventaja de este medio es su escasa velocidad, por ello debe ser trasladado en vehículo auxiliar y la accesibilidad de este al incendio condiciona su utilización.

En cuanto a los vehículos autobomba, estos suelen ser utilizados para el ataque directo sobre las llamas, es muy efectivo sobre llamas de hasta 1,5 metros. En cambio para llamas de altura superior presenta grandes inconvenientes debido a que los operarios no pueden soportar temperaturas tan elevadas ni condiciones de riesgo importantes. Por último los vehículos tipo pick-up, son interesantes por la combinación que puede dar el uso de un vehículo autobomba y la asistencia de operarios. En cambio presentan como inconveniente escasa capacidad de carga de agua y las limitaciones propias de los operarios.

Las limitaciones humanas a los incendios son intuitivas: la necesidad de aire de calidad, un rango de temperatura determinado, etc. A estas limitaciones debe añadirse el riesgo derivado de sus actuaciones el monte: caídas, accidentes con herramientas, accidentes de tráfico, caídas de elementos –rocas, árboles, etc.- Ahora bien los combatientes resultan insustituibles en las labores de remate, vigilancia, colaboración con otros medios, etc. Como también es importante señalar que los trabajadores tienen una capacidad de acceso al monte prácticamente ilimitada, tienen la posibilidad de realizar múltiples tareas, son sin duda imprescindibles para la lucha contra los incendios.

En definitiva, los incendios forestales no son un lugar apto para la aplicación de todo tipo de medios, ni todos los incendios pueden combatirse de la misma forma. Puede decirse que a cada incendio y en cada situación debe aplicarse una serie de medios, y a medida que las condiciones del fuego cambian debe cambiarse las dotaciones. Por otro lado debe tenerse en cuenta el coste económico de cada uno de los medios, los riesgos y el daño que el fuego puede llegar a causar. Es sumamente importante tener identificado los riesgos para las personas, sus bienes y los daños ambientales. En función de estos factores se planifica la distribución de medios en el territorio, y por tanto a actuación de los mismos.

Para planificar los medios sobre el territorio, hace años que se diseñaron los mapas de riesgo de incendio. La estrategia consiste en modelar un posible incendio y los medios que en su caso debería contarse para evitar daños de importancia. Por supuesto la teoría es sólo teoría y la realidad es infinitamente más compleja.